Las personas que participaron activamente en cargos institucionales claves durante la última dictadura militar no deben ocupar los estrados más altos de un estado democrático
El Poder Judicial es uno de los poderes esenciales de nuestro Estado de Derecho. A su vez, y de acuerdo a los principios rectores plasmados en nuestra Constitución nacional, la forma democrática de gobierno y la vigencia de los derechos humanos constituyen -en términos de valores-, la base primera de todo proceso de conformación y funcionamiento de los tres poderes del estado. Particularmente, del poder encargado de administrar justicia.
Así, el esquema institucional argentino se encuentra inmerso en la normativa del bloque de constitucionalidad vigente (artículos 36 y 75, inciso 22 de la Constitución) y ningún acto de gobierno puede ser contrario a lo que este establece.
Por ello, es insostenible que personas que participaron activamente en cargos institucionales claves durante la última dictadura militar -durante la cual se cometieron las más graves violaciones a los derechos humanos de nuestra historia reciente- ocupen hoy los estrados más altos de un estado democrático.
Sin embargo, andhes ve con preocupación la banalización y el manoseo que se está haciendo de los temas relacionado con los derechos humanos y que sirven de pretexto o pantalla para avanzar sobre los otros poderes o sacar réditos políticos espurios.
En consecuencia, los procesos de selección de los miembros de la Corte requieren de una mayor participación en donde todos los sectores políticos y sociales tengan un lugar para expresar su opinión. Estos estándares fueron receptados a nivel nacional para la selección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Nación, que produjeron uno de los cambios institucionales más importantes de los últimos tiempos.
En este contexto, y en el cumplimiento de los estándares antes mencionados, el Poder Judicial irá recobrando la legitimidad propia de su condición y la independencia necesaria para resistir cualquier avance tanto de los otros poderes como de otros sectores de poder.
Andhes aspira y quiere contribuir a un necesario debate sobre los graves hechos cometidos por el terrorismo de estado, proceso este que necesariamente debe apuntalarse con la prosecución de los juicios orales y públicos de todos los responsables por los graves crímenes cometidos.
En esta línea, las instituciones democráticas no solo deben adecuarse a estos parámetros sino también deben promover instancias pluralistas de participación que tiendan, por un lado, a fortalecer la búsqueda de verdad, memoria y justicia, y por el otro al desarrollo democrático e institucional de la región.
El Poder Judicial es uno de los poderes esenciales de nuestro Estado de Derecho. A su vez, y de acuerdo a los principios rectores plasmados en nuestra Constitución nacional, la forma democrática de gobierno y la vigencia de los derechos humanos constituyen -en términos de valores-, la base primera de todo proceso de conformación y funcionamiento de los tres poderes del estado. Particularmente, del poder encargado de administrar justicia.
Así, el esquema institucional argentino se encuentra inmerso en la normativa del bloque de constitucionalidad vigente (artículos 36 y 75, inciso 22 de la Constitución) y ningún acto de gobierno puede ser contrario a lo que este establece.
Por ello, es insostenible que personas que participaron activamente en cargos institucionales claves durante la última dictadura militar -durante la cual se cometieron las más graves violaciones a los derechos humanos de nuestra historia reciente- ocupen hoy los estrados más altos de un estado democrático.
Sin embargo, andhes ve con preocupación la banalización y el manoseo que se está haciendo de los temas relacionado con los derechos humanos y que sirven de pretexto o pantalla para avanzar sobre los otros poderes o sacar réditos políticos espurios.
En consecuencia, los procesos de selección de los miembros de la Corte requieren de una mayor participación en donde todos los sectores políticos y sociales tengan un lugar para expresar su opinión. Estos estándares fueron receptados a nivel nacional para la selección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Nación, que produjeron uno de los cambios institucionales más importantes de los últimos tiempos.
En este contexto, y en el cumplimiento de los estándares antes mencionados, el Poder Judicial irá recobrando la legitimidad propia de su condición y la independencia necesaria para resistir cualquier avance tanto de los otros poderes como de otros sectores de poder.
Andhes aspira y quiere contribuir a un necesario debate sobre los graves hechos cometidos por el terrorismo de estado, proceso este que necesariamente debe apuntalarse con la prosecución de los juicios orales y públicos de todos los responsables por los graves crímenes cometidos.
En esta línea, las instituciones democráticas no solo deben adecuarse a estos parámetros sino también deben promover instancias pluralistas de participación que tiendan, por un lado, a fortalecer la búsqueda de verdad, memoria y justicia, y por el otro al desarrollo democrático e institucional de la región.
Bibliografia
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